En una América Latina convulsionada por la pandemia de coronavirus, Uruguay se destaca por el éxito de su estrategia, con la cual parece haber domado la expansión del virus. Controlada la situación sanitaria, y con una agenda cargada que quedó en suspenso prácticamente desde el momento en que asumió, el presidente Luis Lacalle Pou se apresta ahora a retomarla. Y una de sus medidas contempla un impacto directo para la Argentina. Con el objetivo de atraer migrantes de alto poder adquisitivo, el país vecino flexibilizó este miércoles los requisitos para otorgar la residencia fiscal.
Lacalle Pou ya había anunciado sus intenciones de hacer
esto dos meses antes de asumir. Fue en enero cuando desempolvó un eventual plan
para mejorar las condiciones para que los extranjeros de grandes patrimonios se
radicaran e instalaran empresas en Uruguay.
El proyecto de la flexibilización de los requisitos se
acaba de materializar en un decreto que agrega dos nuevas vías para obtener la
residencia fiscal, lo que alivia la carga impositiva y puede ser un llamador
para tramitar también la residencia legal o migratoria.
Como consecuencia, las consultas al respecto desde
Argentina aumentaron de forma exponencial, confirmaron a la agencia AFP
estudios jurídicos expertos en temas tributarios.
"Habían aumentado ya a principio de año",
señala Mario Ferrari Rey, socio del Área de Servicios Legales de la consultora
PWC. Y ahora volvieron a subir "muchísimo", aporta de su lado
Federico Fischer, socio gerente de la firma legal y tributaria Andersen
Uruguay.
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"Uruguay es un país de puertas abiertas con una
política migratoria que otorga un marco de seguridad pública, jurídica y
económica para todas las personas extranjeras que deseen radicarse",
expone el decreto de Lacalle Pou.
Qué hay que hacer
El texto agrega dos nuevas posibilidades para obtener la
residencia fiscal.
La primera es la compra de un inmueble por al menos
380.000 dólares en lugar de los 1,7 millones que se pedían anteriormente,
siempre que la persona permanezca en el país por al menos 60 días al año.
La segunda es la participación en una empresa por más de
1,6 millones de dólares, en lugar de los 5,3 millones anteriores, si la firma
genera al menos 15 puestos de trabajo directos.
En ambos casos, a partir del 1 de julio.
Si bien la medida estaba contemplada desde hace tiempo,
lo cierto es que llega en un momento de cierta turbulencia en la política
exterior uruguaya. A mediados de junio, tan solo tres meses y medio después de
asumir, el canciller Ernesto Talvi renunció a su cargo.
Fuentes consultadas por Clarín hablan de cortocircuitos
con el presidente Lacalle Pou, como así también problemas dentro de su partido.
Talvi volverá ahora a ocupar su banca en el Senado, y su reemplazante será
Francisco Bustillo.
¿Una decisión a medida de la Argentina?
Para el periodista uruguayo Antonio Ladra, los
destinatarios de la medida tienen nombre propio. "Esto está dirigido a los
argentinos. En general, los brasileños, los paraguayos y los chilenos no vienen
a instalarse acá. Una vez que se supere la pandemia, imagino que va a atraer
algunos jugadores de relevancia", explicó a Clarín, en una llamada
telefónica.
Hay que recordar que, luego de conocer la propuesta de
Lacalle Pou para atraer extranjeros con incentivos tributarios, el presidente
argentino, Alberto Fernández, respondió que el gobierno del izquierdista Frente
Amplio (2005-2020) había "trabajado tanto" para que "Uruguay
deje de ser un paraíso fiscal y deje de favorecerse con el dinero obtenido
espuriamente en otros lados", que le recomendaba al mandatario uruguayo
que "lo pensara dos veces".
Ladra apuntó al hecho de que Francisco Bustillo, el nuevo
canciller, es un viejo conocido del presidente argentino.
"Bustillo es amigo de Alberto Fernández. Cuando
Fernández estuvo en Madrid antes de asumir, se quedó en la casa de Bustillo,
que en ese momento era embajador en España. Su presencia va a ser un elemento
importante para aceitar los vínculos entre ambos países", estimó.
Para el analista político Mauricio Rabufetti, la decisión
está relacionada también con la idea de marcar más enfáticamente la
singularidad uruguaya en la región.
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"El gobierno busca mostrar un país con mucha
seguridad jurídica, seguro, previsible, con reglas de juego claras, algo que ya
hacían los gobiernos del Frente Amplio, pero ahora claramente hay una voluntad
de diferenciación de los vecinos", explicó a Clarín.
Rabufetti también apuntó a los efectos de la pandemia y
el éxito de la estrategia de Uruguay. "La multiplicación de artículos
periodísticos en el mundo sobre el 'éxito' de la estrategia uruguaya contra el
coronavirus lleva a que en el gobierno tengan la sensación de que Uruguay 'no
paró'. y que eso lo ven como un elemento positivo para atraer inversiones
además del evidente impacto sanitario positivo en este contexto".
El gobierno envió también al Parlamento un proyecto de
ley para ampliar de cinco a 10 años el "tax holiday", período en el
que no se tributa sobre las rentas obtenidas en el exterior.
A esto se suma que Uruguay no grava algunos activos. En
Argentina "aquel que tiene 10 millones de dólares en el exterior va a
pagar 225.000 dólares anuales y si se muda a Uruguay sobre esos activos no paga
un peso", grafica el abogado César Litvin, profesor titular de Impuestos
en la Universidad de Buenos Aires.
Los expertos aclaran que el mecanismo es útil para
quienes piensen en realmente radicarse en Uruguay. De lo contrario, corren
riesgo de caer en una "doble tributación" en dos países.
"Quien quiera acogerse a estos beneficios (...)
tiene que asesorarse bien porque las soluciones son caso a caso", dice
Ferrari. "No es que simplemente comprando un apartamento de determinado
valor en Uruguay soluciono todo el problema", ejemplificó.
En Argentina advierten que fiscalizarán los pedidos de
renuncia a la residencia fiscal en ese país para cerciorarse de que los
solicitantes no están intentando evadir al fisco de forma irregular.
"Es muy fácil en Uruguay obtener la residencia
migratoria y fiscal, pero no es tan fácil en Argentina el proceso de baja de
contribuyente", dice Litvin, quien aclara que esa solicitud dispara una
pesquisa automática de la AFIP, el ente recaudador impositivo argentino.
Radicarse en Punta del Este
El alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, dijo a la AFP
que está recibiendo "muchísimas consultas" sobre radicaciones en el
balneario, que es destino de lujosas inversiones inmobiliarias. Pero matiza que
"una cosa es decirlo y otra es hacerlo".
No obstante, asegura conocer "muchos" casos de
argentinos que pasaban sus vacaciones de verano austral en Punta del Este
cuando estalló la pandemia en marzo, se quedaron y ya no volverán a su país.
La mayoría, dice Jafif, elige Uruguay "por una mejor
calidad de vida".
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"Creo que sería bastante injusto decir que es solo
por el tema fiscal", coincide Ferrari. "Hay cuestiones relativas a la
seguridad jurídica, a la seguridad en general, a la comodidad, a poder trabajar
a distancia, a evitar las aglomeraciones importantes", enumera.
Para Fischer, incluso el éxito en el control de la epidemia de coronavirus pesa en la decisión. "Se menciona mucho" porque demuestra "la buena política y buen liderazgo que ha tenido el encare de esta pandemia" así como "la conciencia cívica" de los uruguayos, estima.
Uruguay combate al COVID-19 sin confinamiento obligatorio. Hasta ahora registró 936 casos, 27 decesos y tiene 85 casos activos.
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